Texto y gráficos de Gabriel Luque

En diciembre del año pasado, la legisladora Patricia Vásquez tomó notoriedad al impulsar un proyecto de ley que proponía la eliminación de los Registros de la Propiedad Automotor, con el objetivo desburocratizar y reducir costos en los procesos de altas y transferencias de vehículos automotores (ver proyecto). Posteriormente, el presidente Javier Milei avanzó también sobre el tema, impulsando cambios en el sistema a través de un decreto oficial que impulsó la intervención de 141 registros (ver nota). El alcance, beneficios y defectos de estas propuestas ya han sido suficientemente discutidos, pero me pareció que resultaría interesante analizar si son los Registros de la Propiedad Automotor los únicos “malos” de esta película.

Veremos que no.


Metodología

Para realizar este trabajo utilicé una herramienta que todos tenemos a disposición: el "Estimador de Costos" de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (se puede consultar acá). El proceso es rápido y sencillo: sólo requiere tener a mano la patente del auto a transferir (para el caso de los usados) o el certificado de fabricación (para los 0km). Además, hay que detallar en qué provincia se realizará el trámite.

En pos de obtener conclusiones medianamente válidas, simulé la transferencia de tres autos usados: un Corolla 2.0 SEG (2023), una Ford Ranger Limited (2020) y un Ford Fiesta Titanium (2015), repitiendo el proceso para cada una de las provincias de nuestro país. Los datos que se exponen a continuación corresponden a los casos de Corolla y Ranger y parten de los siguientes supuestos:

1. La valuación del automóvil según la DNRPA en enero de 2024.

2. No se consideran costos de Verificación Policial, grabado de autopartes, verificación técnica ni la parte proporcional devengada por el impuesto automotor. Corresponde aclarar que, para el caso del Fiesta, los porcentajes de costos son consistentes con Corolla y Ranger.

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Costo de transferencia tomando como ejemplo un Toyota Corolla (2023). Click en la imagen para ampliar.

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Costo de transferencia tomando como ejemplo una Ford Ranger (2020). Click en la imagen para ampliar.


Conclusiones

La primera conclusión es que los Registros de la Propiedad del Automotor no son los únicos actores que intervienen en los costos de las transferencias, sino que también inciden -y de manera relevante- las provincias, a través del Impuesto de Sellos. Esto no es un tema menor, porque cualquier proyecto de modificación del esquema de transferencias/altas de automóviles que sea planteado desde el nivel nacional requerirá, indefectiblemente, que las provincias acompañen el proceso (ya sea derogando el tributo o bien reduciendo las alícuotas vigentes).

El Impuesto de Sellos es un tributo nefasto, que las provincias han logrado aplicar en muchas situaciones cotidianas: se tributa al momento de comprar y/o vender un inmueble, cuando contratamos una póliza de seguro o pagamos la tarjeta de crédito. También cuando acordamos un "descubierto" con el banco. Es anacrónico, no se aplica sobre una manifestación de riqueza o el resultado de una transacción, sino sobre (en general) documentos públicos o privados (contratos/acuerdos), confeccionados de tal manera que hagan surgir obligaciones para una o más partes y tenga valor económico.

Para ser completamente claro: si mi vecino y yo convenimos que voy a cortar el pasto de su jardín y él me va a pagar por la tarea, en el caso de querer registrar ese acuerdo de voluntades en un papel de diario que tengamos a mano, ese documento debería tributar "sellos".                                                                                                                           

Develada la incidencia del Impuesto de Sellos en las transferencias de automóviles, la conclusión obvia es que las provincias que han fijado las alícuotas más gravosas son las que generan mayores costos a los contribuyentes. En el Top 5 detallado en los cuadros se observa claramente que la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Misiones y Santa Cruz son las jurisdicciones en las que el impuesto es mucho más oneroso que el arancel fijado por el Registro de la Propiedad del Automotor (que, dicho sea de paso, es fijo para todo el país y representa el aproximadamente el 2% del valor fiscal del vehículo a transferir).

En definitiva, si queremos reducir el costo de transferir o dar de alta un automóvil las intenciones del gobierno nacional no alcanzan. Se necesita la colaboración de las provincias. El Impuesto de Sellos tuvo sentencia de muerte cuando en el año 2017 se firmó el Consenso Fiscal, dado que las provincias se habían comprometido a reducirlo gradualmente. Sin embargo, llegó el 2019 y el pacto de 2017 fue modificado y finalmente cayó en el olvido.

G.L.

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