Hace un par de semanas un anuncio pasó bastante desapercibido en el mundo de las redes sociales:El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, conocido por sus intervenciones en las redes sociales ante hechos resonantes vinculados con su función (independientemente de que se produzcan en su jurisdicción o no) publicó un hilo en Twitter con motivo de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Vial a modo de síntesis de su gestión hasta el momento, y deslizó en el sexto tuit del mismo que “También hemos firmado con las Cámaras de Moto y con la Industria para que a partir de 2024 todas las motos que se vendan en Argentina tengan frenos combinados. Con nuestro #PlanFederal de entrega, los cascos han llegado a todo el país.”, además de otras consideraciones.
Sobre llovido mojado, el domingo pasado CAFAM (Una de las cámaras relevantes del mundo de las dos ruedas en nuestro país, junto con CIMBRA y CAM) anunció la doceava parte del plan “Mi Moto”, con un aumento del límite de financiación hasta los 300 mil pesos para la adquisición de rodados menores en 48 cuotas, incluyendo condiciones preferenciales para los clientes del Banco Nación.
Y vengo a decir que ambas circunstancias no hacen sino configurar una nueva decepción en un panorama crítico como el que presenta la seguridad vial en motos en la Argentina. No quiero hacer de esto una charla de café, sino basarme en números puros y duros: Según la Asociación Luchemos por la Vida, el 47% -casi la mitad- de los siniestros fatales en nuestro país durante 2021 correspondieron a motocicletas, muy por encima de automóviles (25%) o peatones con poco más del 20% de las muertes.
Y si bien los factores detrás de estas muertes son sin dudas multicausales (mucho más que la inflación), e iniciativas como el uso del casco y la educación en general pueden influir positivamente en su disminución sin lugar a dudas, la falta de sistemas seguros de frenado, que incluyen sistemas a disco, frenos combinados (CBS) o antibloqueo (ABS) según el tamaño, potencia y tipo de vehículo, pueden resultar decisivos para mejorar estas cifras. Así lo reconoció él mismo en un artículo en Clarín publicado tan solo tres meses antes de su asunción como funcionario, que afortunadamente aún se puede leer en línea.
También lo han reconocido los países centrales, como la Comunidad Europea que los incluye como obligatorios a partir de las normas Euro 4 motos, así como muchos de nuestra región como Brasil donde estas normas ya se encuentran en vigencia y una moto equipada con sistemas seguros de detención -e inyección electrónica con un impacto muy positivo en la calidad del aire- puede conseguirse sin mayores diferencias de precio al público.
Sin embargo, el anuncio de la ANSV mantiene en un limbo de prórrogas una decisión con un enorme impacto positivo en la salud pública con algunos detalles importantes: en primer lugar, en 2018 la entonces Secretaría de Ambiente (Ex y nuevamente ministerio) publicó la resolución 42/2018 que instalaba un calendario de adecuación de 54 meses, lo que en los hechos significaba que en Mayo de 2023 todas las motos nuevas comercializadas en Argentina deberían adecuarse a Euro 4.
Esta resolución fue prorrogada por la Resolución 460/19, emitida por el mismo funcionario -Sergio Bergman- por un período de 24 meses adicionales sin más justificación que el pedido de las cámaras del sector. Esta resolución fue incluida en el boletín oficial una semana antes del fin del mandato del Secretario, con un tremendo impacto patrimonial para los importadores beneficiados, y sin que nadie al momento lo haya citado en la justicia para dar explicaciones.
Además, la confirmación de este acuerdo con los importadores no incluye ninguna referencia al documento firmado, la que tampoco puede encontrarse en la sección de noticias de la Agencia y por lo tanto del cual no conocemos detalles, lo que mantiene dudas acerca de si su alcance se refiere exclusivamente a los sistemas de frenado, o también incluye la totalidad de los requisitos de Euro 4.
Se trata de un compromiso asumido más allá del horizonte cronológico de la gestión actual, lo que implica absoluta incertidumbre acerca de las decisiones que pudieran tomar sus sucesores, como el mismo autor reconoce que sucedió en el caso del Control Electrónico de Estabilidad (ESP), impulsado por la gestión Kirchner pero prorrogado en la gestión Macri, con lo que las garantías del cumplimiento de este acuerdo resultan mínimas.
Y además el anuncio de otra etapa del Plan “Mi Moto” sigue excluyendo del listado de vehículos escogibles a cualquier modelo que incluya sistemas de freno combinados, con lo que lejos estamos de promover una movilidad limpia y segura en un segmento que no para de crecer, en parte por instrumentos de fomento como éstos y para los que el mismo funcionario prometió en este medio “Disminuir la brecha de seguridad entre vehículos argentinos y europeos” así como que (sic) “toda nueva exigencia estará supeditada a una mejoría de la situación de la industria, los importadores, los autopartistas y el comercio relacionado, para no afectar las fuentes de trabajo.”, cuando hoy las motos venden más unidades que los autos y se trata de un negocio floreciente, cuesta entender los motivos de esta nueva demora.
Permítanme insistir en lo que vengo diciéndoles hace mucho: El futuro de la movilidad sostenible, en términos de medioambiente pero también de seguridad para Latinoamérica está subido a dos ruedas, pero debe estar acompañado de una normativa moderna, responsable y más del lado de los usuarios que de un club de importadores sin escrúpulos. Nuestros vecinos ya lo entendieron, quizá sea hora de que también lo entendamos nosotros.
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