Los impuestos internos para los autos que se venden en la Argentina nacieron con el argumento de proteger la industria nacional y gravar a los autos de lujo junto a otros “bienes suntuarios”, como embarcaciones, aviones, cigarros y bebidas alcohólicas.

Sin embargo, desde diciembre de 2013, justo cuando el mercado automotor argentino batió su récord histórico de ventas de vehículos (955.023 unidades, que difícilmente se vuelvan a repetir), los impuestos internos se convirtieron en un instrumento de los diferentes gobiernos de turno para restringir la importación de vehículos e intentar frenar la pérdida de divisas. Arrancaron con Cristina Fernández de Kirchner, pero se mantuvieron con sus diferentes sucesores en el cargo.

De esta manera, los impuestos internos distorsionaron el mercado de autos por completo, con grandes saltos en los precios por las diferentes escalas y afectando a varios vehículos de fabricación nacional, como las Toyota SW4, Volkswagen Taos y Mercedes-Benz Vito (discontinuada por este problema, leer obituario). También distorsionan los valores de lista (y son la excusa para que algunos concesionarios cobren sobreprecios, cómo denunciarlos) en modelos nacionales que están al límite de tributar este gravamen, como los Chevrolet Cruze y Peugeot 208.

Desde hace casi diez años, las automotrices intentaron más de una vez que los diferentes gobiernos modificaran o eliminaran los impuestos internos. Mauricio Macri prometió quitarlos apenas asumió en diciembre de 2015, pero nunca cumplió con ese anuncio. Y Alberto Fernández acaba autorizar este mes una modificación en las bases imponibles, para acomodar el gravamen a la inflación (ver nota).

Sin embargo, en este momento hay dos proyectos en estudio para modificar los impuestos internos que pagan los autos en la Argentina. Y uno ya fue presentado en el Congreso, en forma de "Modificación de Ley". Las dos propuestas proponen segmentaciones diferentes, para evitar que el gravamen impacte sobre algunos modelos nacionales. Uno de los proyectos apuesta a hablar de motorizaciones. El otro, de chasis.


Motorización:

“Modificación de la Ley 24.674 de Impuestos Internos”. La oración está un poco perdida en un largo texto, pero forma parte del proyecto de Ley de Promoción de Electromovilidad, que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso. La propuesta lleva también la firma de los ministros Martín Guzmán (Hacienda) y Matías Kulfas (Producción). Este proyecto se iba a tratar en las sesiones extraordinarias de febrero (leer más), pero fue postergado. Y el objetivo del Poder Ejecutivo es que se apruebe en el transcurso del 2022.

La Ley de Electromovilidad promoverá que los vehículos impulsados por energías alternativas (híbridos y eléctricos) reciban una alícuota diferenciada de impuestos internos o estén completamente exentos de ellos. Hoy los autos con estas tecnologías pagan los mismos impuestos que los equipados con motores de combustión interna. El único beneficio que tienen hasta ahora es arancelario y de patentes. Se trata de la primera vez, desde la modificación realizada por Cristina Kirchner en 2013, en que un presidente en funciones lleva al Congreso una propuesta para modificar los impuestos internos a los autos. Este proyecto, sin embargo, no planea cambios para el grueso de los modelos que integran el resto del mercado automotor argentino: aquellos impulsados por motores de combustión interna (nafta, diesel o GNC) seguirán tributando.


Chasis:

Esta es una propuesta que, según las fuentes consultadas por Motor1 Argentina, fue ideada originalmente por Toyota Argentina, aunque cuenta con el apoyo de cada vez más terminales integrantes de Adefa. Los impuestos internos afectan a los autos de pasajeros con once asientos (o menos) en su habitáculo. De esta manera, quedan exentos de este gravamen todos los vehículos comerciales (desde pick-ups hasta camiones) y las vans con más de once asientos (como las Kia Carnival y Hyundai H1, que no pagan impuestos internos).

Esta curiosa lógica impositiva hizo que, por ejemplo, pagara impuestos la Toyota SW4, pero estuviera exenta la Toyota Hilux. Son dos modelos que se producen en la misma planta de Zárate, que comparten plataforma, motorizaciones y equipamiento, aunque sólo difieren por la forma de sus carrocerías: una es pick-up (exenta), la otra es auto o SUV (paga).

Así surgió la propuesta de que la exención para vehículos comerciales se haga extensiva también a los “autos con chasis de largueros” (diferenciándolos de aquellos con estructura unibody, monocasco o con autoportantes). Esto permitiría a la SW4 nacional esquivar los impuestos internos y beneficiaría (por extensión) a algunos modelos importados con estas características y que hoy también tributan: Chevrolet Trailblazer (Brasil), Jeep Wrangler (Estados Unidos) y Suzuki Jimny (Japón).

Esta es la clase de segmentación que hubiese permitido salvar a la Mercedes-Benz Vito. Sin embargo, también entusiasma a modelos que todavía se encuentran en estudio: es el caso de la Ford Everest, la SUV basada en la pick-up Ranger. La primera generación de la Everest nunca se fabricó en Argentina porque -en parte- los impuestos internos siempre fueron un obstáculo en el plan de negocios y en el objetivo de lograr la escala y la demanda necesarias para que fuera viable su radicación local. ¿Y la nueva Everest, que se acaba de presentar (ver nota)? Ford Argentina está estudiando el proyecto y un cambio en los impuestos internos para incluir la segmentación por chasis la beneficiaría de manera notable.


¿Nacionalidad?:

Cada vez que se habla de impuestos internos, de cómo nacieron para proteger la industria nacional y de cómo terminaron distorsionando y afectando a los vehículos locales surge la misma pregunta: “¿Por qué entonces no gravan sólo a los autos importados?”

No se puede, está prohibido por las normas del derecho comercial internacional. La Organización Mundial de Comercio (OMC) establece que la única barrera que se puede establecer para obstaculizar los productos importados es el arancel aduanero. Y la Argentina ya está utilizando esa herramienta, con la alícuota más elevada que permite la OMC: 35%. Castigar con impuestos internos sólo a los autos importados desataría una cataratas de reclamos judiciales contra la Argentina ante la OMC por parte de las marcas perjudicadas.

Por eso, si el Gobierno finalmente adopta alguno de estos dos caminos para aliviar a algunos productos de los impuestos internos (ya sea por vía de motorizaciones o de chasis), la medida beneficiará por partes iguales a productos nacionales e importados de similares características. El miedo a abrir esa canilla es una de las principales trabas para tomar la decisión. Y uno de los motivos por los cuales los impuestos internos parecen haber llegado para quedarse "for ever".

C.C.

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