De no mediar cambios en las próximas semanas, el presidente Mauricio Macri -primer mandatario argentino con experiencia de haber trabajado en la industria automotriz- dejará el poder con una deuda de 700 millones de dólares con el sector automotor.

Las terminales e importadores le están reclamando al gobierno saliente que cancele los reintegros por exportaciones y los subsidios prometidos para los planes de descuentos de mediados de año, conocidos como Juni0km, Juli0km y Agost0km.

Entre los fabricantes consideran que los reintegros por exportaciones se cobrarán, tarde o temprano. Se trata de un compromiso asumido por el Estado, aceptado y registrado.

El plan de subsidios es más complejo. En su afán por intentar reactivar las ventas -algo que finalmente no ocurrió- las automotrices le pidieron fondos al Estado para subsidiar los precios de los 0km. El ministro de Producción, Dante Sica, les prometió el dinero de palabra, sin firmar acuerdos por escrito y sin informar de dónde saldría el dinero. Los autos subsidiados se vendieron, pero el Estado no terminó de pagarles a las marcas.

El diario Ámbito Financiero brinda hoy más detalles en este informe.

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Nota del diario Ámbito Financiero Automotrices despiden a Macri con reclamo de u$s700 millones

Por Horacio Alonso

En las automotrices no esperaban terminar el Gobierno de Cambiemos en las actuales condiciones. Además del derrumbe del mercado, como consecuencia de la crisis económica, la gestión macrista se despide, por distintos motivos, con un “default automotor” de más de u$s700 millones. Después de un par de años prósperos y felices, hasta 2018, la segunda etapa de la administración actual -especialmente este año- se caracterizó por la acumulación de deudas, por parte del Estado con el sector, y trabas para que las terminales paguen las suyas con proveedores y casas matrices.

El problema más complicado es el freno a la liquidación de los reembolsos a las exportaciones. Esta situación se repite en otros sectores. Según fuentes de la industria hay pagos atrasados desde julio que, sólo por este concepto, implica que las terminales estén reclamando cobros pendientes por u$s600 millones. Se estima que desde que se empezaron a demorar los pagos, se enviaron al exterior cerca de 100.000 0km. En este punto se da la paradoja de que, en un país en el que faltan dólares, se castiga a las empresas que exportan aplicándole retenciones a sus ventas al exterior. En realidad es porque faltan divisas que se dispone de este tipo de políticas. Estos derechos de exportación se intentan compensar con reembolsos. El problema es que, además de la polémica decisión de aplicarle una carga tributaria a las exportaciones, la situación se agrava si no se cumple con la otra parte del régimen.

El otro tema que engrosa la columna del “debe” del Gobierno con las automotrices es la deuda en conceptos de subsidios que se mantiene por el plan oficial de descuentos que se implementó entre junio y agosto pasado. Hasta el momento, el Estado liquidó la deuda con las terminales de junio y parte de julio. Todavía, se les debe unos $270 millones de lo que resta de julio y unos u$s900 de todo agosto. Es decir, unos $1.200 millones o alrededor de u$s20 millones. Como no se firmaron los contratos para estos dos últimos meses, todo está sostenido por un acuerdo de palabra entre el ministro Dante Sica y ADEFA. Había una promesa de que se saldaría esa deuda antes de la salida del actual Gobierno pero los días pasan y no se producen novedades. En las empresas creen que no tendrán chances de cobrar esa deuda antes del 10 de diciembre y, por ese motivo, están reclamando que quede el pasivo certificado en algún documento oficial para poder reclamarle su pago a las próximas autoridades.

A todo esto se suman las dificultades que tienen las terminales para cancelar sus deudas con casas matrices, por importación de vehículos, o con proveedores por la compra de autopartes en el exterior. El tope de venta de divisas que rige para las empresas -u$s2 millones mensuales- genera preocupación en al menos tres automotrices. Se estima que el monto involucrado por este “cepo” empresario ronda los u$s100 millones. “Al ritmo de 2 millones de dólares mensuales, en nuestro caso, tardaremos dos años en pagar la deuda que tenemos en el exterior”, explicaron en una de las empresas afectadas.

El problema del sector con los “defaults estatales” no es nuevo. En los años 90, sufrieron la falta de pago del Plan Canje de entonces. Es por eso que, ahora, con el estudio que elaboró ADEFA para el crecimiento de la industria en los próximo 10 años, que habla de plan de renovación de parque automotor y ley de desguace, no quieren que se lo defina como “remake” de sistema de incentivos que funcionó en aquellos tiempos, por la mala experiencia que tuvieron. Aunque, más allá del nombre, el espíritu sea el mismo.

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