Ya no hay dudas: el reciente decreto de la presidenta Cristina Kirchner sobre los impuestos internos para autos y motos fue redactado a las apuradas. La medida incluso tardó dos días en publicarse en el Boletín Oficial, una demora que paralizó por completo la facturación en el golpeado mercado automotor (ver nota).

Aún así, el decreto salió con errores.

Según pudo comprobar Autoblog, el decreto 1243/2015 que se publicó el pasado 3 de julio (leer completo) contiene una insólita contradicción: creó una cláusula de excepción para beneficiar a los autos de producción nacional, cuando la Ley original de impuestos internos prohíbe de manera explícita este tipo de beneficios.

Esta cláusula especial de hace una semana fue celebrada tanto por el Gobierno como por las marcas que producen autos en el país. Sin embargo, el texto salido de la secretaría Legal y Técnica, que conduce Carlos Zannini, olvidó reparar en que el decreto no puede modificar la Ley sobre la que está basado.

La ley original de Impuestos Internos es la 24.674, promulgada en 1996. Y en sus enunciados es muy clara acerca de la prohibición de crear beneficios especiales para los productos nacionales.

El artículo 9 dice: “Los productos importados gravados por la ley -con excepción de los que se introdujeren al país por la vía del régimen especial de equipaje- tendrán el mismo tratamiento fiscal que los productos similares nacionales, tanto en lo relativo a las tasas aplicables como en cuanto al régimen de exenciones, quedando derogada toda disposición que importe un tratamiento discriminatorio en razón del origen de los productos” (ver Ley 24.674).

El Gobierno endureció los impuestos internos a los autos y motos en diciembre de 2013. El argumento fue defender la industria nacional, aunque en el fondo se sabía que la mayor preocupación era frenar la fuga de divisas. Sin embargo, en aquella ocasión -y en la renovación de diciembre de 2014- desde Legal y Técnica se cuidaron muy bien de crear cláusulas especiales para los vehículos nacionales.

Esta contradicción recién apareció en el decreto del pasado 3 de julio. Allí se redujo la alícuota que deben pagar los autos de producción local y se mantuvo elevada para los modelos importados. El objetivo es proteger a la industria nacional. Pero, según la propia Ley, esa clase de proteccionismo está prohibido.

Más allá de la insólita contradicción, el nuevo decreto entró en vigencia y rige al mercado automotor desde hace una semana. Y se mantendrá así: al menos hasta que alguien repare en el error.

C.C.

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